El I Simposio Hispanoamericano Online de Mediación “El compromiso de los mediadores con la agenda 2030”, contó con la disertación de 30 expositores de más de 20 países. En un panel compartido con mediadores de México, España, Costa Rica, Italia y Brasil, participó el abogado especializado en Mediación Andrés Alvarellos, que detalló las conclusiones del encuentro.
Sobre la Agenda 2030
En septiembre del 2015, los jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la histórica Cumbre del Desarrollo Sostenible en la que aprobaron la Agenda 2030. Una Agenda que como su nombre indica, marca una carta de navegación en los próximos años según distintos objetivos. Esta Agenda contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de aplicación universal que, desde el 1 de enero de 2016, rigen los esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible en el horizonte del año 2030.
“Debemos estar dispuestos a resolver nuestros conflictos en forma pacífica, por medio una negociación positiva y con dichos lineamientos, lograr la sinergia necesaria para intentar prevenir futuras controversias. Hoy resulta imprescindible “humanizar” el sistema de Justicia; esto, más allá de una mayor eficiencia operativa para el funcionamiento de cualquier institución, será una fuente generadora de confianza y credibilidad en el justiciable. A su vez, resulta necesario velar por el Estado de Derecho y por todas aquellas garantías que se han logrado conquistar tras años insistencia y lucha. Sin perjuicio de ello, hay mucho por hacer y este proyecto resulta un avance significativo”.
Alvarellos explicó que esto se traduce en mantener un trato directo con la gente y la atención temprana de las problemáticas, deberá ser una práctica ineludible. La limitación de absurdos ritualismos y procesos interminables, como si la vida de los que reclaman la defensa de sus derechos fuera eterna, crean un efecto de desconfianza y en su caso, una innecesaria cuota de impunidad. La generación de conflictos sin la debida intervención, la constante inseguridad, instituciones débiles, un acceso limitado a la justicia, entre otras enmarañadas situaciones, va a constituir una seria amenaza para lograr un desarrollo sostenible. “Siendo así que resultará obligación de los Estados atender en forma temprana y eficiente estos flagelos, delineando estrategias de intervención, creando institutos apropiados, promoviendo políticas públicas activas y reformas a sistemas perimidos. En definitiva, actuar donde el Estado tiene una obligación fundamental e ineludible para con los ciudadanos”. Es imprescindible formular nuevos paradigmas y apartarnos de conceptos anacrónicos para dar vida a nuevos institutos; en definitiva, hacer realidad estos postulados para los próximos quince años que vienen y más. En un Estado de Derecho, cualquier miembro de la sociedad, sin distinción de ninguna índole, deberá contar con el derecho inalienable de acceder a los Poderes del Estado, máxime al Poder Judicial, responsable y garante de arbitrar los medios necesarios para salvaguardar todos aquellos derechos esenciales, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales.
Acceso a la Justicia y los Procedimientos de Solución Alternativa de Conflictos Penales
Acceder a la justicia es uno de los principios fundamentales en un Estado de Derecho, es el instrumento cardinal para así alcanzar la tan pretendida realización del Derecho sin ningún tipo de excepción, condicionamiento o exclusión alguna para el requirente. Una reflexión acerca de éste punto indica que, si bien existen diversas reformas dirigidas a modificar Normas de carácter Sustantivo, Derecho de Forma, Derechos Humanos o de Administración de Justicia en general, resulta evidente el hecho que muchos sectores de la sociedad siguen padeciendo serias limitaciones en el acceso a las instituciones encargadas de administrar justicia; o aquellos que teniendo la posibilidad de acudir a éstas, no logran una satisfacción real a sus intereses, en razón de lo anacrónico de algunos sistemas procesales que todavía conservan una enraizada burocracia. Las vetustas formas administrativas, con tramitaciones sine die cargadas de requisitos que van más allá de las normas del debido proceso y con excesivo ritualismo, generan no solo un congestionamiento absurdo en los tribunales, sino también un notable desaliento, sensación de impunidad y descreimiento en el justiciable. “Estas causales, imponen un límite indebido y no garantizan una respuesta eficaz a una demanda cada vez mayor, más compleja y con la consiguiente demora en la obtención un pronunciamiento efectivo; ergo, un sistema anquilosado, cargado de frustraciones y carente de una respuesta concreta y adecuada.”
A pesar de ello, de un tiempo a esta parte y en razón de una necesidad social inocultable, vienen concretándose cambios reales; nuevos aires de reformas y políticas públicas de diversa índole, orientadas todas ellas a actualizar y alcanzar mayor eficiencia y confiabilidad ante un sistema agotado, expresó. Estos cambios, tal vez no sean lo suficientemente vertiginosos como uno quisiera, pero resultan cambios al fin, no solo de carácter instrumental, sino también cultural; este último será más lento pero a su vez, el de mayor solución de continuidad de todos los cambios.
“A modo de ejemplo, podemos mencionar, Las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad. Esta norma tiene como objetivo primordial garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad; considerándose tal condición, aquellas que por razón de su edad, género, estado físico o mental; o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico”.
A su vez, la norma indica que serán destinatarios los responsables del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas dentro del sistema judicial; los Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, Procuradores y demás servidores que laboren en el sistema de Administración de Justicia de conformidad con la legislación interna de cada país; como también los Abogados y otros profesionales del Derecho, así como los Colegios y Agrupaciones de Abogados; y con carácter general, todos los operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento.
Reglas como la referida precedentemente, han sido la base para la instrumentación de reformas estructurales al Sistema Judicial en Latinoamérica, brindando al justiciable mayor protección y garantizando el cumplimiento del debido proceso; otorgando mayor estabilidad y seguridad jurídica.